El Borrego vuelve a traicionar

Van contra “El Borrego”

José Luis Parra Castelo

Ernesto Gándara está convertido en un artefacto explosivo al que buscan desactivar, al parecer, por razones de Estado. Tan tirantes están las relaciones entre el derrotado precandidato y el gobierno estatal, que se podría complicar el retorno del “Borrego” a la presidencia municipal.

En espacios de poder se palpaba ayer un tenso ambiente que presagia una nueva medición de fuerzas entre el alcalde con licencia y el gobernador, Eduardo Bours. Al parecer todo inició con un error político de Gándara: Abrió la boca antes de tiempo.

Voceros gandaristas de todos calibres, formales e informales, llevaban el mensaje a quien les abriera oídos: Vamos a reinstalar a todos los funcionarios que corrió “Chamundo; nos la van a pagar el 5 de julio, votaremos por Memo Padrés.

La señal que mandaba Ernesto Gándara era clara: Instrumentar una intensa anticampaña contra Alfonso Elías, su vencedor, y promover el voto a favor de los candidatos del PAN en Hermosillo. Para ello, se supone, contaría con toda la estructura y recursos del gobierno municipal. Todo hace indicar que “El Borrego” está en negociaciones con operadores panistas de primer nivel, con ramificaciones que alcanzan el Congreso del Estado.

Como se sabe, el candidato que gane Hermosillo estará en posición de conquistar la gubernatura de Sonora. Y otro detallito: El casi seguro candidato del PAN a la alcaldía hermosillense es Javier Gándara Magaña, primo de Ernesto.

Pero del lado contrario se activó inmediatamente la estrategia a seguir en este juego de vencidas. Infructuosamente buscamos información al respecto. Lo único que detectamos es que la fuerza del aparato de Estado va por todo y con todo contra “El Borrego”, como en la jornada electoral del pasado domingo.

Incluso, ayer por la tarde o noche estaba programada una reunión de regidores, fuera de las sesiones oficiales de Cabildo. El motivo se desconocía, así como la cantidad de regidores convocados.

Pero no es necesario contar con información privilegiada para elaborar un posible escenario: El alcalde sustituto, Raymundo García de León, si así fuese el caso, habría contado con tres meses para detectar posibles desviaciones o pecados administrativos cometidos en la gestión gandarista. Por eso removió a los titulares de áreas sensibles, como tesorería y contraloría, esos que serían los primeros en ser despedidos por Ernesto Gándara, una vez sentado en la silla que le prestó a “Chamundo”.

Pero Cabildo no tiene margen de maniobra para actuar jurídicamente. Entonces ¿por dónde le entrarían al caso?

Una posibilidad sería promover un juicio político contra Ernesto Gándara y funcionarios, por el lado financiero. Guardadas las proporciones, sería una especie de reedición del caso “Palillo” en el Ayuntamiento de Cajeme.

Cuando las acciones provienen de las haciendas estatales, los regidores nada pueden hacer.

La Constitución Política del Estado de Sonora consigna que podrán ser sujetos a juicio político los presidentes municipales, síndicos, regidores, secretarios y tesoreros de los ayuntamientos, así como los directores generales y sus equivalentes de las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas, fideicomisos públicos y organismos descentralizados del Estado y de los municipios.

El Artículo 145 señala: El procedimiento de juicio político, deberá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe un empleo, cargo o comisión, o dentro del año siguiente al de la conclusión de sus funciones. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.

Artículo 146: Para proceder penalmente por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión y por dos terceras partes si se trata del gobernador, si ha lugar o no a proceder contra el inculpado.

Mmmmmmhhhhh… el Gobierno del Estado ya ha demostrado tener la suficiente capacidad para sacar adelante una iniciativa por mayoría simple en las sesiones del pleno en la Cámara de Diputados. Cuando se trata de mayoría calificada, o sea de dos terceras partes, resulta imposible cualquier cabildeo entre los grupos parlamentarios.

La ruta a seguir en este caso sería la de posibles irregularidades detectadas por el ISAF en sus revisiones de 2007 y ventiladas a finales de junio del año pasado, lo que dejó una pregunta en el aire:

¿Corrupción en el Ayuntamiento?

Recordemos:

En su informe técnico correspondiente al cuarto trimestre de 2007, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) detectó 86 observaciones pendientes por solventar y solicitó copias de documentos que justificaran movimientos realizados. Que se recuerde, el Ayuntamiento nunca informó que esas observaciones fueron solventadas. Aquí van algunas deficiencias reportadas por el ISAF.

Se observó una diferencia al cotejar el saldo de contabilidad contra el control de inventario físico de activo fijo, por 44 millones 672 mil 274 pesos. En la descripción hay desde equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, hasta equipo de banda de música, semáforos y equipo médico.

De igual forma se observó que el Síndico no cuenta con un inventario de existencias de bienes inmuebles adquiridos en el ejercicio 2007 por 24 millones 456 mil 394 pesos, que se integran con los siguientes rubros:

Terrenos: 23 millones 580 mil 394 pesos.

Edificios: 876 mil pesos.

Asimismo, no se ha reintegrado a la Secretaría de Hacienda las retenciones que se efectúan a los contribuyentes por concepto de 10% UNISON, al efectuar sus pagos de contribuciones, por un millón 108 mil 254 pesos.

En ese reporte del ISAF figura también un remanente por 13 millones 371 mil 018 pesos de programas federales no reintegrados a la federación. En el desglose están los programas Empleo Productivo, con más de seis millones de pesos, así como Habitat, Papir, Prodesca, Fidem y Cofetur.

Se detalla que el Ayuntamiento registró dentro de la cuenta de ingresos extraordinarios por 90 millones 677 mil 793 pesos, el cual debió haberse registrado dentro de la cuenta de fondos ajenos.

En esa larga lista de irregularidades hay detalles curiosos, como uno de préstamos personales por 55 mil 775 pesos. En la lista figuran tres nombres, pero sobresale el de Rodrigo Moreno Méndez por un anticipo a cuenta de sueldo por 50 mil pesos. ¿Cuánto ganará este ilustre desconocido si como anticipo le depositan la cantidad de 50 mil pesos? ¿Existirá este personaje?

En otro apartado, se indica que al 31 de diciembre los descuentos registrados por el Ayuntamiento no coinciden con lo informado por la Secretaría de Hacienda del Estado, en un crédito con la banca comercial y un fideicomiso denominado F/00171, que arroja una diferencia por cuatro millones 508 mil 277 pesos, entre los registros del Estado y el municipio.

Luego hay observaciones en la ejecución de paquetes de obras públicas por diferentes montos, como de más de 31 millones, nueve millones, cuatro millones, dos millones y otros que suman miles de pesos.

Se reporta también que el Ayuntamiento no calculó para el ejercicio 2007 la proporción del subsidio aplicable en la determinación del ISR de sus empleados, usándose en dicho cálculo la misma proporción del subsidio utilizada en 2006.

En otro punto se observa que en la ejecución de obras públicas por cinco millones 721 mil 528 pesos no se orientó a beneficiar a grupos en rezago social y pobreza extrema, incumpiendo el objetivo de ese fondo. Con ese dinero se realizaron trabajos de pavimentación en diferentes calles de la ciudad. Luego aparece otro bloque de obras por más de cuatro millones de pesos, también con esa irregularidad.

Otra de las posibles violaciones a la Ley de Coordinación Fiscal consiste en que el municipio no hizo del conocimiento de sus habitantes, al término del ejercicio, de los resultados alcanzados con la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

En el DIF municipal se observó que esa dependencia no realiza las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de los salarios pagados a sus trabajadores ante el Servicio de Administración Tributaria. Lo mismo sucede en varias dependencias más.

Además no se han realizado pagos a la Secretaría de hacienda del Estado por concepto del 0.5 % de inspección y vigilancia, lo cual suma un adeudo total de 389 mil 942 pesos.

Al parecer Ernesto Gándara cometió un error. Lo que venga será consecuencia de un primer yerro.